¿De qué sirve protestar?

La protesta social y pacífica es un derecho fundamental, reconocido y protegido en nuestra constitución. ¿Pero el pueblo sabe protestar?

Los hechos prueban que la gente desconoce este derecho e ignora las estrategias que dan mejores resultados para exigir cambios políticos y económicos.

El derecho a la protesta se ejerce en forma pacífica y sin armas. Cualquier acción violenta que se realice la ley la sanciona. Protestar es un concepto totalmente distinto y no autoriza a ninguna persona del pueblo o que represente a las autoridades para saquear, destruir, incendiar, agredir y ocasionar la muerte de un ciudadano. Es importante recordar que nadie puede impedir que se proteste o que se obligue a protestar. Pero este derecho no puede ser excusa para desconocer los derechos fundamentales de otros ciudadanos como la salud, la propiedad, el trabajo, la educación, la circulación y residencia y por supuesto, la vida.

Por estas razones se debe reflexionar sobre las maneras de protestar. Estas son tan desastrosas que lo único que consiguen con los cierres de vías es que las ambulancias no puedan circular, los alimentos se escaseen y los dueños del capital y autoridades contra quienes se protesta aumenten precios por escasez o por los daños causados a la infraestructura. Y de la protesta quedan las obras destruidas y los precios altos porque después de subir no vuelven a bajar. Y no hubo impuestos nuevos en una reforma tributaria, pero si un índice de precios más elevado que el porcentaje que se pretendía evitar. Y un pueblo al que le quitan los alimentos se ve obligado a someterse perdiendo hasta su dignidad. Para ilustrar lo anterior basta comparar el precio de una libra de papa en febrero ($300) y el día de hoy 7 de mayo de 2021 ($3000). Hagan este ejercicio con 10 productos de la canasta familiar y saquen sus propias conclusiones.

Así las cosas, es necesario pensar y actuar con inteligencia. La verdadera protesta debe ejercerla el ciudadano en las urnas y no aplaudir con su voto a ningún concejal, diputado, representante, senador o candidato a la alcaldía, gobernación o presidencia que tenga el aval de los actuales corruptos que ostentan el poder y siembran miseria y muerte en un país biodiverso y desconocen los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos.