El desprecio de Miguel Polo Polo

 

Memoria pisoteada: el desprecio de Miguel Polo Polo ante las víctimas de los falsos positivos

Por Efraín Gutiérrez Zambrano

El pasado 10 de octubre de 2025, en una escena que mezcla dolor, dignidad y provocación, las Madres Víctimas de Falsos Positivos (MAFAPO) se reunieron frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir respeto, justicia y memoria. Lo hicieron en el marco de la indagatoria que debía rendir el representante Miguel Polo Polo, investigado por presunto delito de discriminación. La cita judicial no fue solo un trámite legal: fue un encuentro entre la verdad y la negación, entre el duelo y la arrogancia, entre la memoria y el desprecio.

Las madres instalaron una intervención artística compuesta por botas militares, cada una representando a uno de los 6.402 jóvenes asesinados por el Ejército Nacional en el marco de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”. Estas muertes, que ocurrieron entre 2002 y 2008, fueron presentadas como bajas en combate para inflar estadísticas oficiales. Los jóvenes, en su mayoría de origen humilde, fueron engañados, trasladados a zonas de conflicto y ejecutados por agentes del Estado.

Jackeline Castillo, líder de MAFAPO, lo expresó con claridad: “Saber que fue el Ejército quien asesinó a los jóvenes que estaban para cuidar la vida de los ciudadanos, no podemos permitir que esto se quede en el olvido”. Su voz, cargada de dolor y convicción, contrasta con la actitud del congresista investigado.

La provocación como estrategia

Miguel Polo Polo no llegó a la Corte con humildad ni con disposición al diálogo. Llegó con seguidores, con cámaras, con discursos incendiarios. En sus redes sociales, reafirmó su postura negacionista: “Seguiremos botando a la basura las mentiras y las narrativas politizadas de la izquierda”. Pero lo más grave ocurrió en una plenaria del Congreso, cuando lanzó un desafío que ofendió profundamente a las víctimas: “Dejen la indignación, simplemente muestren los nombres. Los reto a que muestren la lista de los 6.402 botas, de los supuestos falsos positivos; sí me los muestran ahora, me retracto. Si no, seguiré quitando botas de la Plaza Núñez”.

Estas palabras no son solo una opinión política. Son una forma de violencia simbólica. Son una negación del dolor, una burla a la memoria, una afrenta a la dignidad de miles de familias que aún esperan justicia. Y cuando provienen de un representante del Estado, se convierten en una vergüenza institucional.

La pregunta que debemos hacernos como colombianos es: ¿Cómo puede ser que este vulgar e inhumano haga las leyes? ¿Cómo es posible que un congresista que desprecia el dolor de las víctimas, que se ausenta de sus deberes legislativos, que convierte su curul en una plataforma de provocación, siga recibiendo un salario mensual de más de 50 millones de pesos sin consecuencias?

El Congreso colombiano, ya golpeado por escándalos de corrupción, ausentismo y clientelismo, no puede seguir tolerando este tipo de comportamientos sin erosionar aún más su legitimidad. La figura del representante a la Cámara no es un micrófono para el odio ni una tarima para el espectáculo. Es, o debería ser, un espacio de representación, de escucha, de construcción democrática.

Cuando un congresista utiliza su poder para burlarse del dolor ajeno, para desacreditar procesos de memoria histórica, para alimentar la polarización, no solo traiciona su mandato: traiciona al país. Y cuando el Congreso guarda silencio ante estos actos, se convierte en cómplice por omisión.

El proceso judicial en curso

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a Polo Polo a indagatoria por el presunto delito de discriminación. El proceso se originó por sus publicaciones en redes sociales y sus actos públicos que desestimaron la existencia de los falsos positivos y ridiculizaron las intervenciones simbólicas de las víctimas.

La Corte ya ha rechazado una solicitud de nulidad presentada por su defensa, y el juicio por hostigamiento agravado sigue en firme. Además, el congresista acumula al menos cinco investigaciones en el alto tribunal, por delitos como injuria, calumnia y discriminación.

¿Dónde está el Congreso? ¿Dónde está la ética?

La actitud de Polo Polo no solo ofende a las víctimas: ofende a la democracia. Un congresista que niega crímenes de Estado, que se ausenta de sus funciones legislativas, que convierte el dolor en espectáculo, no debería seguir ocupando una curul sin consecuencias. Como lo ha denunciado la senadora Esmeralda Hernández, el representante se ausentó de 317 de las 505 votaciones en plenaria durante el periodo 2024–2025, y ha faltado a 72 sesiones en total.

¿Dónde está el tribunal de ética del Congreso? ¿Dónde está el mínimo decoro institucional? ¿Cómo puede ser que alguien que desprecia la memoria de las víctimas sea quien redacte las leyes?

La memoria no se negocia

Las botas que las madres colocaron frente a la Corte no son objetos decorativos. Son símbolos de vidas truncadas, de sueños rotos, de verdades incómodas. Quitarlas, como lo ha hecho Polo Polo en actos públicos, no borra la historia. Solo la pisotea.

La memoria no es una narrativa politizada. Es una herramienta de justicia. Es un acto de resistencia. Es el derecho de las víctimas a ser escuchadas, reconocidas y reparadas.

Que la justicia no se arrodille

El caso de Miguel Polo Polo es más que una controversia política. Es una prueba para la justicia colombiana. Es una oportunidad para demostrar que la dignidad de las víctimas está por encima de la arrogancia de los poderosos. Es un llamado a que el Congreso recupere su sentido ético. Y es, sobre todo, una exigencia de que la memoria no sea pisoteada por quienes deberían protegerla.

Porque si el país permite que se burlen de sus muertos, ¿qué esperanza queda para los vivos?